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La última vez que el sistema penal mexicano sufrió una reforma sustancial fue en 1917. Ese año, el gobierno aprobó un nuevo código que pretendía ser más eficiente y eficaz que las versiones anteriores del derecho penal mexicano. Desde entonces, sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente. Los delincuentes se han vuelto más inteligentes a la hora de cometer delitos; las tecnologías utilizadas por la policía han mejorado; y campos enteros de estudio como la criminología han emergido de la oscuridad a la relevancia. A la luz de estos cambios, es hora de que México renueve su código penal una vez más para que refleje las realidades modernas y pueda proteger adecuadamente a los mexicanos de todo tipo de amenazas, no sólo las planteadas por otras personas, sino también los desastres naturales como terremotos o huracanes, así como las tecnológicas como la ciberdelincuencia o el bioterrorismo.
La criminalística es una ciencia que se ocupa del estudio de las pruebas físicas, que pueden utilizarse en las investigaciones criminales. A medida que la tecnología avanza y se vuelve más sofisticada, somos capaces de recopilar más información a partir de las pruebas. Esto nos ayuda a determinar la culpabilidad o inocencia, identificar sospechosos y resolver crímenes.
El papel de la criminalística en el derecho mexicano está dictado por el artículo 22 del Código de Procedimientos Penales que establece que: "Cuando existan indicios que hagan presumir la comisión de un delito o cuando se detenga a alguna persona por la comisión de dicho delito o por haber cometido algún otro que atente contra el orden y la seguridad públicos, corresponderá a la autoridad competente ordenar la investigación."
En resumen:
El sistema penal mexicano se divide en tres partes: judicial, administrativa y financiera. La parte judicial se ocupa del juicio y la sentencia de un delito cometido por un individuo. La parte administrativa se ocupa de todos los aspectos de la administración penitenciaria, incluidos el cuidado y la clasificación de los reclusos. Por último, hay una pequeña parte que se ocupa de las finanzas, como cuánto dinero se destina a cada categoría presupuestaria.
La reforma del Código Penal en México fue un proceso que comenzó en 1979 con un discurso del Presidente José López Portillo y continuó hasta 1985, cuando fue enviado al Congreso para su aprobación final. La reforma constó de varias fases: primero, hubo un estudio inicial sobre el código penal que tuvo lugar entre 1979 y 1980; segundo, hubo discusiones sobre el nuevo código penal entre 1981 y 1983; y finalmente, hubo otro estudio sobre diversos aspectos del procedimiento penal entre 1984 y 1985. En esta última etapa participaron investigadores de diversas áreas como criminología (Lozano Gutiérrez), derecho procesal (Enrique Roig y Valenzuela), derecho constitucional (Humberto Román Sosa), derecho administrativo (César Sepúlveda y Carlos Bielsa), derecho comparado (Jorge Vicente Cruz), entre otros[1].
El papel que ha jugado la criminología en este proceso se puede observar a partir de dos puntos: en primer lugar, cómo el Código de Procedimientos Penales de México define lo que es un delito a través de su definición de delitos contra los derechos públicos; en segundo lugar, cómo esta definición ha sido influenciada por los enfoques de otros países para definir los delitos contra los derechos públicos[2].
El estudio de la delincuencia y el derecho penal se conoce como criminología. La criminología es un campo que utiliza métodos científicos para estudiar los comportamientos humanos y los fenómenos sociales que llevan a las personas a cometer delitos, como la pobreza y la desigualdad. El papel de la criminología en las recientes reformas al derecho penal mexicano ha sido significativo porque nos ayuda a entender cómo podemos prevenir que el crimen vuelva a ocurrir.
A los criminólogos les interesa estudiar cómo estos factores llevan a los individuos a cometer delitos, por lo que tratan de recabar información sobre ellos utilizando técnicas como encuestas, entrevistas y análisis estadísticos.
En conclusión, la criminalística ha jugado un papel importante en las recientes reformas del Código Penal mexicano. Esto es cierto tanto en términos de su inclusión como un capítulo separado como de su papel en la configuración del proceso de reforma de manera más general. La incorporación de la criminología en la nueva legislación representa un avance significativo para México y puede proporcionar un modelo para otras naciones que buscan modernizar sus propios códigos penales.
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