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El sistema de justicia penal acusatorio es un método único, complejo y muy desarrollado para determinar la culpabilidad o la inocencia y asignar un castigo a los declarados culpables. Estados Unidos es uno de los pocos países que apuesta por este sistema, que tiene sus orígenes en Inglaterra. En otras partes del mundo, como América Latina y España, los jueces intervienen más a la hora de decidir qué pruebas deben tenerse en cuenta y cuánto peso debe darse a cada una de las pruebas presentadas en el juicio.
En este caso, son los abogados defensores y los fiscales, y no los jueces, quienes investigan el delito. Pueden utilizar distintos métodos para reunir pruebas y testimonios de personas implicadas o relacionadas con el delito. Luego presentan sus conclusiones a un juez que preside el juicio. El juez determina si hay suficientes pruebas contra el acusado y si debe ser declarado culpable o inocente de los cargos.
El sistema acusatorio está concebido para proteger los derechos del acusado. En este sentido, difiere de un sistema basado en principios inquisitoriales (como los vigentes en Francia o Alemania), donde los jueces desempeñan un papel activo e importante en la dirección de las investigaciones. El sistema de enjuiciamiento sirve para proteger los derechos del acusado. A diferencia de muchos otros sistemas de justicia penal del mundo, como los de China o Egipto, el sistema acusatorio latinoamericano no exige la confesión del acusado.
El sistema de justicia penal acusatorio también pretende fomentar otro principio fundamental: la igualdad de trato ante la ley. Esto significa que todas las personas acusadas de delitos deben recibir el mismo trato ante la ley, independientemente de su estatus social o riqueza; sin embargo, la igualdad no implica que todo el mundo vaya a recibir un castigo idéntico por delitos idénticos cometidos por personas diferentes en circunstancias diferentes y en momentos y lugares diferentes (lo cual sería imposible de todos modos). En lugar de centrarse únicamente en castigar a los delincuentes después de que hayan sido capturados y condenados por jurados/jurados -lo que a menudo puede ocurrir años después de que hayan cometido sus delitos-, los países latinoamericanos intentan en cambio
prevenir la delincuencia antes de que se produzca mediante programas de educación destinados a enseñar a los jóvenes lo que está bien y lo que está mal para que no cometan delitos más adelante, cuando puede que no queden pruebas suficientes para las investigaciones de los agentes de policía.
Un sistema de justicia penal acusatorio es aquel que pone un gran énfasis en la prueba de la culpabilidad. La idea es que sería un error castigar a las personas por cosas que no han hecho, por lo que es importante garantizar que los casos contra los acusados se prueben más allá de toda duda razonable, y que quienes sean declarados culpables no tengan posibilidad de apelación. Esto garantiza que personas inocentes no puedan verse atrapadas en procesos judiciales, lo que debería reducir el número de condenas erróneas.
En América Latina, donde la mayoría de los países siguen utilizando un sistema inquisitivo (que se centra más en la presunción de inocencia), el modelo acusatorio ha conseguido reducir la corrupción y aumentar la transparencia entre policías, jueces y fiscales. También puede brindar a los ciudadanos de a pie la oportunidad de implicarse participando como testigos o jurados, en lugar de depender simplemente de una clase profesional de abogados.
España ha utilizado un sistema acusatorio desde 1985; apenas ha habido pruebas de efectos negativos por ello, como altos niveles de encarcelamiento o discriminación contra grupos minoritarios porque son más difíciles de condenar bajo este modelo debido a su falta de acceso a los recursos necesarios para ganar sus casos (como el dinero).
Como latinoamericano, debe saber que el sistema acusatorio es un sistema jurídico en el que la acusación y la defensa compiten entre sí. Se utiliza en la mayoría de los países del mundo, incluidos España y Estados Unidos.
Ha sido criticado por no proteger los derechos humanos. Por ejemplo, si se le acusa de cometer un delito como asesinato o violación, puede ser encarcelado sin ser condenado por un tribunal.
El sistema acusatorio utiliza investigadores, fiscales y jueces independientes para preservar los derechos humanos y garantizar que, si se demuestra más allá de toda duda razonable que has cometido el delito investigado, tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos.
Como hemos visto, el sistema acusatorio funciona bien en América Latina. También es una pieza clave del sistema judicial español, que goza de altos niveles de confianza pública en su sistema de justicia penal. Esto sugiere que el modelo acusatorio puede ser apropiado para otros países y regiones con necesidades similares.
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