La concepción de delito como un acto que vulnera derechos conlleva a que el sistema judicial no se quede solamente en la demostración de la responsabilidad penal y la aplicación de una pena al victimario, sino que tenga en cuenta a las ví­ctimas como sujetos de derechos que requieren de apoyo para restablecerlos, restaurar su salud mental y mejorar su calidad de vida.

Durante siglos el derecho penal consideró a la ví­ctima un ente pasivo, pero en la actualidad se entiende como un ente activo a quien se le deben restituir sus derechos y estudiar el daño psicosocial que el delito le ha ocasionado. 

Las cifras de victimización son elevadas en Latinoamérica debido a múltiples razones: un solo agresor puede victimizar a cientos de personas, las autoridades enfocan su atención en el victimario y su castigo, olvidando a las ví­ctimas, esto hace que los procesos de victimización se repitan. En cambio, cuando existe un acompañamiento a la ví­ctima, este solo acompañamiento puede tener un efecto preventivo para favorecer su recuperación, limitar las secuelas, evitar que la ví­ctima se convierta luego en victimario y disminuir la victimización en el conjunto social.

La investigación académica y criminal debe tener en cuenta a las ví­ctimas, quienes merecen toda la atención social para el restablecimiento de sus derechos, y esa responsabilidad social motiva a múltiples estudiosos a abordar el tema. Este capí­tulo es un preámbulo a un hecho complejo, que el lector podrá profundizar mediante la lectura atenta del libro Victimologí­a en América Latina, enfoque psicojurí­dico, y otros materiales desarrollados por la Asociación Latinoamericana de Psicologí­a Jurí­dica y Forense “Alpjf“, que se pueden consultar en su sitio web: www.psicologiajuridica.org